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La Justicia decidirá hoy si habilita la feria ante dos pedidos realizados, uno por el gobierno nacional para el tratamiento rápido de la causa sobre la Ley de Comunicación Audiovisual, y otro de la Sociedad Rural para bloquear la recuperación por parte del Estado del predio ferial de Palermo.
Aunque se trata de situaciones independientes entre sí, las resoluciones que adopte la Cámara Civil y Comercial Federal guardan singular interés dado que en ambos casos es parte el gobierno nacional y el tribunal que debe fallar es el que el pasado 6 de diciembre extendió la cautelar en beneficio del Grupo Clarín, cuyo miembros fueron recusados oportunamente por el Poder Ejecutivo.
Ambos reclamos fueron presentados ayer y los jueces de turno, Francisco de las Carrera, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina trabajaban ayer en el Palacio de Tribunales para completar los fallos, dejaron trascender fuentes judiciales.
El miércoles por la mañana, la Jefatura de Gabinete de Ministros pidió que la Cámara habilite la feria y resuelva en enero trámites procesales que dé “celeridad” al expediente de modo que este quede en condiciones de ser resuelto al reanudarse en febrero la actividad tribunalicia.
A su vez, la Sociedad Rural Argentina pidió al mismo tribunal que también trate su pedido durante el receso, pero en su caso haciendo lugar a una “medida precautoria” para evitar que el 20 de enero devuelva al Estado el predio ferial de Palermo, dispuesto por el gobierno hace dos semanas.
El pedido de la Rural es una reiteración de otro ya rechazado la semana pasada por la jueza de primera instancia Silvina Bracamonte, pero los abogados de la entidad patronal del campo apelaron el fallo ante la Sala II de la Cámara antes de la feria.
El decreto presidencial 2552 declaró la “nulidad insalvable” de la venta del predio de 14 hectáreas durante el gobierno de Carlos Menem, tras lo cual el Poder Ejecutivo dio un plazo de treinta días para la devolución.
El predio de Palermo históricamente perteneció al Estado nacional, que se lo cedia en alquiler a la Sociedad Rural para realizar la tradicional muestra ganadera, pero en 1991 se se vendió por decreto a la módica suma de 30 millones de dólares en cuotas.
Una pericia de la Corte Suprema determinó, en 2009, que se trató de un “precio vil” ya que la tasación correcta era de 131,8 millones, abriendo la instancia de declarar sin efecto la venta.
