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Los camaristas Pablo Candisano Mera y Angel Argañaraz hicieron lugar a la recusación planteada por el Fiscal Abel Córdoba de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, contra el juez ad hoc Eduardo Tentoni, quien estaba a cargo de la investigación de delitos de Lesa Humanidad cometidos por la Armada Argentina y fuerzas bajo su control operacional como la Prefectura Naval Argentina.
A raíz de ello la causa continuará a cargo de Santiago Martínez, quien se desempeña a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca y tiene a su cargo la investigación de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en esta jurisdicción por el Ejército Argentino.
Fuentes judiciales señalaron a Télam que «en su resolución la Cámara Federal de Apelaciones consideró acreditado el temor de parcialidad invocado al solicitar el apartamiento del magistrado».
«Los fundamentos desarrollados por la fiscalía dieron cuenta de varias conductas realizadas por Tentoni en el desempeño de la función jurisdiccional, de las que se derivaban irregularidades y una grave afectación a la garantía de imparcialidad del juez», agregaron.
Según se indicó, entre los mismos se constató «comunicaciones con altas jerarquías de la Armada Argentina y con directivos del diario La Nueva Provincia».
Además de «la negativa del juez a explicar el contenido de almuerzos secretos que mantuvo con el Director de Inteligencia de esa fuerza, haber dictado resolución judicial con el fin de actuar en favor del Jefe del Estado Mayor de la Armada y haber asesorado y favorecido a imputados bajo su jurisdicción».
Desde la Unidad Fiscal se expresó a Télam que también por «haber manifestado su adhesión al discurso legitimador del terrorismo de estado representado por la «Teoría de los dos demonios» como también haber realizado actividad procesal persecutoria hacia víctimas del terrorismo de Estado y hacia el fiscal mediante el trámite dado a un incidente de recusación del fiscal Córdoba».
Los voceros comentaron que ante el rechazo de su apartamiento por parte de Tentoni, intervino la Cámara de Apelaciones, que decidió aceptar el planteo de recusación, disponiendo el cese de la intervención del hasta entonces juez federal ad hoc.
La separación de las causas en que se investigan violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Ejército Argentino y la Armada Argentina se produjo a causa de la excusación del entonces juez titular Alcindo Alvarez Canale, por su relación con oficiales de la Armada que serían investigados por posible responsabilidad en tales delitos.
