Las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires están regidas por el hacinamiento, la violencia institucional y un régimen de vida que en nada contribuye a la reinserción social.
La defensora pública penal de Lomas de Zamora, María Fernanda Mestrín, aseguró a AgePeBA que los detenidos en las cárceles del conurbano sufren situaciones “terribles” y puso como ejemplo la Unidad 40, así como las comisarías del distrito, donde permanentemente se violan derechos elementales.
“El Estado no se puede permitir pensar que tener un colchón es un beneficio y no un derecho, ni pensar que el acceso al patio es un beneficio y no un derecho. Si no se garantizan derechos en las cárceles, lo único que se hace es convertir a quienes están privados de su libertad en resentidos. Si no salen muertos, salen enojados, y esto también afecta la seguridad de otras personas”, explicó.
La defensora explicó que las violaciones más recurrentes tienen que ver con las condiciones habitacionales, ya que por ejemplo “se juntan en una misma celda a personas con delitos totalmente diferentes”, pero también se registran “maltratos psicológicos y físicos”.
“La tortura es un delito gravísimo que conlleva el asentimiento del Estado si no se ejerce el control de la actuación de los operadores penitenciarios y policiales. Sólo con este control podemos evitar la tortura”, sostuvo Mestrín.
En este sentido, la defensora destacó la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sancionado hace un mes en el Congreso, aunque reparó en la falta de esta herramienta a nivel provincial.
El Senado bonaerense aprobó en octubre por unanimidad un proyecto de ley del legislador Santiago Carreras para crear el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura en el Servicio Penitenciario, pero la iniciativa aún no tomó estado parlamentario en Diputados.
Su avance se vio frenado tras el decreto por el cual el gobernador Daniel Scioli estableció una Comisión Interministerial para la prevención de la tortura y otros tratos crueles en contextos de encierro, que no cumple con los protocolos internacionales que exigen independencia del Poder Ejecutivo, autonomía financiaría y funcional, entre otros requisitos.
“El Estado provincial no puede prescindir de un mecanismo contra la tortura. Es una herramienta sumamente importante y creo que su media sanción fue un claro llamado de atención al Ejecutivo provincial”, consideró Mestrín.
La defensora también valoró la creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales –más conocido como Policía Judicial- al sostener que será otra herramienta fundamental para combatir la tortura.
“Para que no se torture se necesitan políticas de prevención y control de la actuación policial. Con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales se van a evitar muchas malas prácticas policiales y que la fuerza actúe corporativamente”, indicó.
Mestrín consideró que el 2012 fue “un año positivo” en materia de restitución de derechos, ya que muchas de las leyes sancionadas en la Legislatura bonaerense “contribuyen a que el Poder Judicial deje de a poco de ser una corporación, con una fuerte tendencia a su democratización y modernización, evaluando además las actuaciones de todos los actores judiciales involucrados para administrar justicia”.
“Hubo cambios muy importante en la Provincia. A nosotros, como operadores judiciales, estas leyes nos dan nuevas herramientas que nos permiten actuar mejor. La autonomía de la defensa, por ejemplo, permite a los defensores públicos profundizar su trabajo en pos de garantizar y afianzar derechos”, concluyó.
La norma que menciona Mestrin fue sancionada a mediados de diciembre para crear la figura del Defensor General, con autonomía y autarquía de la Procuración de la Suprema Corte.
El Defensor General será responsable del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y tiene potestades y atribuciones de definir políticas de la defensa pública, y dictar instrucciones generales y particulares con autonomía funcional.
