En su resolución, jueza en lo Civil y Comercial Federal Silvina Bracamonte consideró improcedente el pedido de la Sociedad Rural hasta tanto no se resuelva la denuncia planteada por la entidad agropecuaria en contra del decreto presidencial 2552.
La Rural reclamó la cautelar un día después de que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunciara el decreto declarando la “nulidad insanable” de la venta realizada en 1991 y el regreso del predio de 14 hectáreas a manos del Estado nacional.
El predio del barrio de Palermo históricamente perteneció al Estado nacional, que se lo cedía en alquiler a la Sociedad Rural para realizar la tradicional muestra anual ganadera.
Durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem se vendió por decreto a 30 millones de dólares en cuotas, pero una pericia de tasadores de la Corte Suprema de Justicia estableció que el valor de mercado era de 131.800.000 millones de dólares.
Tras establecer el “precio vil” de la operación, el juez federal Sergio Torres procesó en 2010 por el delito de “peculado”, entre otros, al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, principales responsables del traspaso del predio.
El ex presidente Menem fue beneficiado por una resolución de prescripción dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, pero fue apelada y la causa penal –diferente de la patrimonial abierta ahora por la Rural- se encuentra a resolución de la Corte Suprema con dictamen de la Procuración favorable a la reapertura de la causa.
