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El proyecto que prohíbe la detención de chicos en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, ya obtuvo media sanción en la Cámara Alta. Al respecto, la senadora de la Coalición Cívica y autora de la iniciativa, Isabel Gainza, aseguró a esta agencia que “resulta necesario adecuar las prácticas actuales a la normativa nacional e internacional vinculante para el Estado argentino a fin de evitar oportunidades de amenaza y vulneración de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.
De esta manera, explicó que según se establece en el artículo 2 de la normativa “toda privación de libertad, detención, alojamiento, demora o aprehensión de niños, niñas o adolescentes se debe realizar en centros especializados de detención transitoria especialmente acondicionados, separados de personas adultas y que cuenten con personal no policial, no armado y capacitado para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes”.
“Es necesario que se termine con estas prácticas ya conocidas en la provincia de Buenos Aires. Hay chicos desprotegidos, sin adultos que se hagan cargo de ellos, de educarlos, alimentarlos o darles un abrazo. Finalmente, terminan siendo detenidos lo cual no es una actitud responsable por parte del Estado”, señaló.
En ese sentido agregó que “la policía ha convertido en una costumbre el hecho de detener al chico en una comisaría, cuando en realidad lo que tiene que hacer la policía con un pibe en situación de calle es llamar a los servicios locales que deben hacerse responsables del tema”.
Por otra parte, Gainza explicó que en el proyecto se consignan datos recogidos por el Programa Acción Niñez de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Plata, que aseguran que las condiciones en las que niños, niñas y adolescentes son privados de libertad en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada distan mucho de ser las adecuadas.
“Las comisarías no cuentan con la infraestructura necesaria y por lo tanto son alojados/as en espacios reducidos, con poca ventilación, sin baño, frecuentemente pasan horas sin comer o poder tomar agua, sufren malos tratos físicos y psíquicos tales como golpes, insultos, amenazas, entre otras irregularidades como ser esposados, no poder comunicarse directamente con sus familiares o con su abogado defensor”, según se detalla en el informe.
Por último, la legisladora consideró que por ser un proyecto de tanta importancia “ya debería haber tenido su tratamiento en Diputados” por lo que estimó que a comienzos del año 2013 “estaría convirtiéndose en ley”.
