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Por Nadia Valdez / Organizaciones sociales exigieron a las autoridades de Lomas de Zamora y en especial al titular de la Secretaría de Seguridad y Derechos Humanos, Víctor Matassi que entregue un listado de los funcionarios que contratarán para desempeñar funciones en esa nueva área. El pedido resulta de la inquietud que generó la posibilidad de que se contraten policías retirados o ex militares, como ya había ocurrido con la designación del ex consejero escolar, Raúl Magallanes, Policía durante la última dictadura militar.
En diálogo con AgePeBA, Nora Quercia, titular de la Seccional Sur de Ate, manifestó su preocupación y la de otras organizaciones que decidieron hacer este pedido porque aseguró que para el área están contratando policías y militares retirados y afirmó que “no van a permitir que ninguno de estos personajes nefastos ocupen ningún cargo público”.
Quercia contó que luego de la Creación de la Nueva Secretaría iniciaron una investigación para verificar que se cumpla con el objetivo real de la creación del área y averiguar quiénes desempeñaran sus tareas dentro de la misma: “sabemos que en el municipio trabajan o trabajaron este tipo de personajes, queremos el listado de todos los que se anoten para cumplir funciones de este tipo para después no tener sorpresas desagradables”.
Además, la dirigente recordó que hubo antecedentes de funcionarios designados por el intendente Martín Insaurralde que también habían generado el repudio de estas organizaciones. La campaña “Fuera Magallanes” la impulsó ATE a principios de este año para que el entonces consejero escolar renuncie a su cargo como presidente de la entidad lomense. Sin embargo, el intendente Martín Insaurralde “lo premió” nombrándolo delegado de Villa Albertina cargo al que también renuncio “por la presión de las organizaciones” contó Quercia.
“Está comprobado que Magallanes fue policía durante la dictadura y hay casos probados de que participó y liberó zonas de secuestros, por ese antecedente, no queremos ningún represor más en ningún cargo público” denunció.
Por último, la dirigente contó que desde el municipio se comprometieron a tener una reunión que aclare la situación que consideraron, es “parte de una política para intimidar a los trabajadores para que no se organicen y peleen por sus derechos”.
