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La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata se dictará en base a los crímenes de lesa humanidad cometidos en seis centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps, la red de campos de concentración que durante la dictadura funcionó bajo el control de la Policía Bonaerense, comandada por el represor Ramón Camps.
Son 280 las víctimas del debate, de las cuales en 33 casos se pudo confirmar su homicidio, y de sus familiares. Asimismo, durante el juicio se juzgaron los secuestros de Lidia Papaleo y otros familiares de David Graiver que fueron obligados a malvender Papel Prensa, los secuestros y despojo de bienes a los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, del director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, la desaparición de los chicos de la Noche de los Lápices y el ataque a la casa de calle 30 donde robaron a la nieta de una de las fundadoras de Abuelas, Chicha Mariani, entre otros cientos de casos.
Quienes recibirán la sentencia son: el ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y único civil imputado, Jaime Smart, el militar y ex subjefe de la Bonaerense en dictadura, Rodolfo Aníbal Campos, el jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del temible Coronel Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y sus 20 subalternos en la fuerza policial, entre quienes se encuentran el torturador de Papaleo, Norberto Cozzani y el médico policial apropiador, Antonio Bergés.
Un año, tres meses y cinco días llevó la realización de las 89 de audiencias, en la que los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela escucharon a los más de 400 testigos que contaron los vejámenes a los que fueron sometidos ellos o sus familiares. Por eso, los querellantes esperan que los jueces impongan penas severas, según el periodista informa Pablo Roesler en Tiempo Argentino.
En los pedidos de pena realizados durante sus alegatos, en su mayoría solicitudes de prisión perpetua y de 25 años de cárcel, la fiscalía y los acusadores calificaron los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones como delitos de genocidio. Sólo sobre uno de los imputados el castigo pedido es leve: la fiscalía pidió que sea condenado a dos años y medio el policía Santiago Antonini, acusado de haber mantenido secuestrada en su casa durante dos horas a la Abuela Chicha Mariani en 1976.
Todas las partes acusadoras solicitaron que las condenas se cumplan en cárcel común. También pidieron que se investiguen los delitos sexuales que surgieron de los testimonios, y las responsabilidades de una veintena de jueces, de la Dirección de Investigaciones de la Policía y del monseñor Emilio Graselli y los funcionarios del Seminario Mayor de La Plata. «Este juicio reveló la inserción de la Policía Bonaerense en el circuito represivo general instalado en el país por la dictadura», explicaron los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, sobre el proceso que hoy culmina en La Plata.
Para ellos y las querellas, el empresa criminal instaurada luego del golpe del 24 de marzo de 1976 en la provincia de Buenos Aires involucró a la policía, el Ejército y el Estado bonaerense, y se desarrolló en un circuito de centros de detención, tortura y exterminio que funcionaron en edificios oficiales de la Policía Bonaerense y que a la vez conformaron sub circuitos, como los dos investigados en La Plata: el que componía la Brigada, Comisaría Quinta y Arana en La Plata, y el que integró Puesto Vasco, en Quilmes, y COTI Martínez, en San Isidro.
