El ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, Jaime Smart, quien ejerce su propia defensa en el juicio por el denominado “Circuito Camps”, alegó este martes ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
“Quienes me escuchan hoy pueden llegar a pensar que estoy reeditando la ‘teoría de los dos demonios’, y realmente es así. Los dos demonios existieron hasta 2003”, dijo y cuestionó el proceso que llevó a derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y terminar con los indultos del menemismo, para poder juzgar los delitos de lesa humanidad.
En este marco, Smart pidió la prescripción de la causa en su contra y la absolución por los crímenes cometidos en 6 centros clandestinos de detención que funcionaron bajo las órdenes del ex jede de la Policía Bonaerense, Ramón Camps.
Semanas atrás, el fiscal Hernán Schapiro pidió prisión perpetua para Smart por el delito de homicidio calificado y la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas en 42 casos.
Luego del fallecimiento del ex gobernador bonaerense de facto, Ibérico Saint Jean, Smart quedó como el único civil juzgado por el «Circuito Camps».
Su alegato de hoy fue seguido por su hijo, Cecilia Pando y otros activistas del terrorismo de Estado, así como por varios de los 23 represores imputados, entre ellos Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Bonaerense.
La Comisión Provincial por la Memoria repudió esta tarde “la actitud provocativa que busca atemorizar a testigos y presionar jueces por parte de Cecilia Pando junto a otros activistas defensores de los genocidas”.
Poco antes del inicio de las audiencias, alrededor de un centenar de personas se congregaron en las puertas del Tribunal y pegaron carteles en los que se podía leer “Basta de revanchas” y “Jueces libres”, en defensa de los acusados por delitos de lesa humanidad y en una clara actitud provocativa hacia los familiares de las víctimas que acompañan el desarrollo del juicio que se encuentra en su tramo final.
La CPM condenó “la actitud de estos grupos que intentan frenar los juicios a los genocidas y el terrorismo de Estado, ahora sobre uno de los eslabones claves en la organización represiva estatal durante la última dictadura: la estructura territorial de la Policía bonaerense”.
“A seis años del reinicio de los juicios y con más de 300 represores condenados en todo el país, estos grupos de personas son minorías que defienden crímenes que han sido condenados no sólo por los tribunales penales sino también por la mayor parte de la sociedad que ha hecho suyas las consignas de memoria, verdad y justicia”, dijo en un comunicado el organismo de derechos humanos.
