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Diez meses después de comenzado el proceso, el tribunal que integran los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano dictará la sentencia del caso que se transformó en un ícono de la lucha contra la trata de personas.
Los fiscales y los abogados querellantes solicitaron castigos de hasta 25 años para los imputados, mientras que los defensores pidieron la absolución de sus clientes.
Según la hipótesis aportada por el fiscal Carlos Sale, Marita Verón fue secuestrada en la esquina de Santiago del Estero y Thames, en la capital tucumana, la mañana del 3 de abril de 2002, cuando se dirigía a la Maternidad para realizarse unos estudios.
El autor material del secuestro habría sido Víctor Angel Rivero, por orden de su hermana María Jesús Rivero, sindicada autora intelectual.
El destino de Marita, una vez secuestrada, según el fiscal, fueron los prostíbulos de La Rioja, “Candy”, “Candilejas” y “Desafío”, pertenecientes a Irma Lidia Medina y sus hijos, Gonzalo y José “Chenga” Gómez.
Sale pidió las penas más duras, 25 años de prisión, para estos cinco imputados, además de Daniela Milhein, quien habría tenido a Marita en su casa antes de ser enviada a La Rioja, y su ex pareja, Alejandro González.
Los otros imputados, Humberto Derobertis, Paola Gaitán, Mariana Bustos, Carlos Luna, Azucena Márquez y Domingo Andrada fueron considerados por el fiscal como partícipes secundarios, por lo que pidió una condena a 12 años de cárcel.
Susana Trimarco, madre de Marita, decidió no reclamar indemnización económica a los imputados.
La lectura del fallo de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán se realizará mañana, por la tarde, ya que por la mañana, las acusadas Márquez y Medina, además de los hijos de esta última, tendrán la posibilidad de hablar antes del fallo de los jueces.
El derecho a hacer uso de la palabra ya fue ejercido por los otros 9 imputados y todos se declararon inocentes de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso con el delito de promoción de la prostitución, en perjuicio de Marita.
El tribunal también deberá resolver el pedido del querellante José D’Antona de que sean investigados Rubén “La Chancha” Ale, ex esposo de Rivero; el ex gobernador de Tucumán, Julio Miranda, y otros ex funcionarios, señalados como la pata política y policial del negocio de la trata en la conexión Tucumán-La Rioja.
El juicio, que comenzó el 8 de febrero pasado, se basó casi exclusivamente en testimonios y todas las declaraciones fueron atacadas por los defensores, afirmando, entre otras cuestiones, que los testigos aprovecharon la causa para tomar venganza por alguna cuestión personal contra los imputados.
Los abogados también aseguran que las mujeres que dicen haber visto a la joven tucumana siendo obligada a prostituirse, son complacientes con Trimarco, por algún favor económico.
Según se anunció, funcionarios de la Nación, legisladores nacionales, representantes de universidades, gremios y ONGs de distintos lugares del país, estarán en la sala del Tribunal para escuchar el veredicto.
