Los arrestos se realizaron en la seccional de Ciudad Evita, partido de La Matanza, por orden del fiscal de la Unidad de Instrucción temática de Estupefacientes de ese distrito, Marcos Borghi.
Voceros vinculados a la causa informaron que los efectivos, un sargento y un oficial de policía, están acusados de llevar a cabo en agosto pasado un procedimiento antidrogas ilegal, al allanar sin autorización judicial un domicilio particular, donde secuestraron envoltorios con drogas y detuvieron a varias personas.
Para justificar su accionar, los policías labraron un acta de procedimiento ilegal, en la que hicieron constar que los arrestos se habían realizado en la calle y no adentro de una vivienda, a la que sin orden de un juez no podían entrar.
Al iniciarse la causa contra los detenidos por el secuestro de droga -uno de ellos era el sindicado vendedor y al menos otros tres supuestos compradores-, el fiscal Borghi citó a declarar a los testigos del procedimiento y descubrió que el relato de los hechos no era igual al que figuraba en el acta.
Los voceros explicaron que así el fiscal advirtió que los policías habían ingresado a una vivienda sin la orden judicial correspondiente y que habían luego falseado el acta y los testimonios.
Por tal motivo, inició una causa por falsedad ideológica, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de los detenidos, y dio intervención a la dirección de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense.
Acompañado de agentes de Asuntos Internos y el Jefe de la Departamental de La Matanza, el fiscal allanó la Comisaría Novena de Ciudad Evita, secuestró los libros y actas y dispuso la aprehensión del sargento y del oficial de policía que realizaron el operativo, quienes estaban en la dependencia.
Ambos quedaron alojados en los tribunales de La Matanza y esta mañana el fiscal solicitó que sus aprehensiones se conviertan en detenciones al juez de garantías, que aún no resolvió.
Si bien algunos medios informaron que la comisaría fue intervenida, voceros judiciales y policiales lo desmintieron. También descartaron que el jefe de la dependencia esté imputado o, por el momento, vinculado a la investigación.
