La iniciativa, impulsada por el legislador del Frente para la Victoria, Gabriel Bruera, que fue convertida en ley esta tarde en el Senado provincial, prevé que el Gobierno bonaerense asuma la expropiación del inmueble y que sea el municipio de La Plata el que sostenga económicamente al centro María Pueblo.
La norma “llega para hacer un aporte concreto a la prevención de la Violencia de Género, en consonancia con todas las actividades y políticas desarrolladas hasta el momento, tanto por las instituciones intermedias, organizaciones civiles; como así también el Estado nacional, provincial y municipal», fundamentó Bruera.
La vivienda que tiene dos plantas y está ubicada en las calles 48 entre 10 y 11 de La Plata, está abandonada desde que en noviembre de 1992, el odontólogo Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas.
Por este hecho fue condenado en 1995 a reclusión perpetua, pero a fines de marzo último, obtuvo la libertad condicional.
El municipio platense le reclama a Barreda el pago de 13.169 pesos en concepto de la tasa de Servicios Urbanos Municipales, la cual no se paga desde 1995 y suma más de 6 mil pesos de intereses.
En tanto, hay una solicitud de pago presentada por la empresa prestataria del servicio de agua y cloaca, ABSA, por un monto total 11.832 pesos, a los que se suman 4.733 de intereses, y otro de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires con un monto similar, según se informó.
Barreda y la familia de su ex esposa, mantenían una disputa judicial por la tenencia del inmueble, que tiene una valuación de mercado superior al medio millón de dólares.
