La iniciativa establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención del mismo nombre firmada por la Organización de Naciones Unidas.
La legislación alcanza a todos los establecimientos de detención bajo jurisdicción de los estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta donde se encuentren personas privadas de su libertad por orden, instigación o consentimiento de la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
El monitoreo de la situación estará a cargo de un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que actuará en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país para garantizar los derechos contenidos en esta ley.
Entre otras labores, el Comité podrá realizar visitas de inspecciones regulares, extraordinarias o sin previo aviso a cualquier lugar de detención.
El Senado le introdujo al proyecto modificaciones a varios artículos, entre ellos el y agregó a tres parlamentarios y a un miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre los integrantes del Comité.
El radical Eugenio Artaza, como presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, habló de la “importancia superlativa para derechos humanos en la Argentina”.
En tanto, el oficialista Daniel Filmus dijo que “el proyecto que estamos aprobando hoy es un ejemplo para el mundo”.
“La palabra tortura en la historia argentina tiene connotaciones complicadas. Esto es recuperar la vanguardia que tuvo la Argentina en este tema”, indicó.
