Quien padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal o de agonía, según diagnóstico científico indubitable, o haya sufrido un accidente que la coloque en igual situación, tendrá el derecho de solicitar la “muerte digna” si finalmente se convierte en ley en el Senado un proyecto del diputado del bloque del FPV, Marcelo Feliú.
Hoy la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara baja en conjunto con la adhesión a la ley nacional 26.529 sobre derechos del paciente en relación con los profesionales de la salud, promovida por el legislador del FAP, Marcelo Díaz.
El proyecto de “muerte digna” establece que la declaración de voluntad decidida por el paciente deberá constar por escrito, ser suscripta por éste e incorporarse a su historia clínica. Si no pudiere firmar, lo hará su representante legal o cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes consanguíneos hasta el segundo grado, en este orden, quienes actuarán como testigos, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma del paciente.
“Con esta iniciativa, estamos respetando la autonomía y la voluntad de cada persona para decidir sobre su vida”, sostuvo Feliú, quien aclaró que “esta norma no obliga a nadie sino que solo permite una libre elección”.
Por su parte, el diputado Juan de Jesús sostuvo que la “muerte digna” constituye “un avance no solo en la ampliación de derechos individuales para los pacientes, sino para la protección de los médicos y al equipo que lo acompaña”, ya que prevé que ningún profesional que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la ley estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa, derivada del cumplimiento de la misma.
También establece que ante objeción de conciencia planteada por parte del personal médico, el establecimiento debe reemplazarlo por otro profesional.
“Con esta ley, la Provincia de Buenos Aires sigue sumándose al nuevo paradigma en materia de derechos que vive la Argentina”, concluyó De Jesús.
En el recinto de la Cámara de Diputados estuvieron presentes Selva Herbón y Susana Bustamante, madres de Camilia y Melina respectivamente, quienes impulsaron una campaña para la sanción de la ley nacional de “muerte digna”, ante los casos irreversibles y de sufrimiento de sus hijas.
