Junto al Subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén y la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Andrea Gualde, Fresneda explicó que presentaron «un pronto despacho a fin de que los jueces de la Sala III respondan con celeridad y resuelvan los planteos formulados por la defensa y la Secretaria como querellante de la causa”.
Precisó que “hace más de dos meses la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que dicha Sala, presidida por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, sea la que instruya el esclarecimiento de esta causa vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
“La Sala III no puede volverse un cuello de botella como fue la Cámara de Casación en la época de Alfredo Bisordi. Esperamos que razones extrañas a la función de los jueces no estén motivando dicha demora”, agregó el secretario en un comunicado.
Fresneda destacó que esta causa «es fundamental para determinar la responsabilidad de grupos civiles que han sido cómplices de delitos de extorsión, tortura, privación ilegitima de la libertad y asociación ilícita hacia los integrantes del Grupo Graiver».
«Esta dilación no tiene asidero en un país en el que la política de derechos humanos es política de Estado”, finalizó.
La investigación, iniciada el 30 de marzo del 2010, se encuentra enmarcada dentro de los procesos penales que se están desarrollando en Argentina por delitos de lesa humanidad y, debido a las presentaciones de los representantes de los empresarios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón, que «han generado la dilación injustificada en la tramitación del proceso».
«Se espera que a la brevedad se resuelva la competencia del Juzgado Federal Nº10 y que de forma inmediata se proceda a indagar a los sindicados como responsables de los hechos», concluyó el comunicado.
