Fue el último debate de la ley sancionada el 19 de octubre por el presidente Ricardo Martinelli en tres horas después de aprobada por la Asamblea Nacional en 37 minutos y un irregular proceso, la cual provocó un sangriento conflicto en Colón que se extendió a todo el país.
El reclamo por su derogación fue unánime desde antes de que el mandatario la sancionara, pero aún así la firmó y a las pocas horas desapareció del país para iniciar una gira asiática de la cual regresó hoy en la madrugada.
La represión policial, para lo cual el gobierno movilizó a sus efectivos de la frontera, dejó cuatro muertos, un número aún no determinado de heridos y cientos de detenidos, solamente 238 el último día en la capital donde se produjeron los principales asaltos a comercios y saqueos.
La oposición política y las organizaciones sociales culpan al gobierno por sancionar la ley que la gente no quería, por mantenerla vigente durante casi 10 días de virtual guerra civil, y de provocar esta última pues estaba consciente de que sucedería.
Las demandas por abuso de poder, violación de los Derechos Humanos, inconstitucionalidad de la referida ley, las muertes ocurridas, los daños causados a la economía y al pueblo, suman casi un centenar en instancias judiciales en Colón y en la capital, y algunas incluso en organismos internacionales.
Durante la sesión de la Asamblea, que comenzó a las 00:09 hora local de este domingo y terminó dos horas después, 17 diputados hablaron durante 10 minutos cada uno. La propuesta de derogación debe ser sancionada por Martinelli y publicada en Gaceta Oficial.
