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En una sala presumiblemente colmada por familiares y compañeros de los fusilados, junto a veteranos militantes chubutenses de la solidaridad con los presos políticos, entre otro público, el Tribunal pronunciará este lunes a partir de las 13 su veredicto respecto de los cinco marinos procesados, en el centro cultural “José Hernández” de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año.
La Fiscalía y las querellas coincidieron en solicitar prisión perpetua para Rubén Paccagnini, Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, como autores de 16 homicidios y tres tentativas, y dos años de cárcel efectiva para Jorge Bautista, acusado de encubrir esos crímenes de lesa humanidad.
En sus alegatos finales en septiembre último, pidieron además otras medidas, entre las cuales que se insista en tramitar la extradición o la deportación del represor Roberto Bravo, residente en Estados Unidos y cuya extradición denegó la Justicia de ese país en el 2008.
La causa elevada a juicio en abril de 2009 acumuló una extensa plataforma probatoria sobre los hechos de la Masacre de Trelew que, argumentaron los acusadores, marcó hace 40 años un hito en el plan clandestino de represión y fue el “ensayo general del terrorismo de Estado” llevado a su máxima expresión durante la última dictadura.
Las defensas de los acusados, aun con estrategias en parte de diferenciadas, convergieron en negar la lesa humanidad de los delitos juzgados, su inscripción en un plan sistemático de terrorismo de Estado, para pedir la prescripción y en algunos casos la amnistía de sus defendidos.
En sus alegatos finales, aceptaron en parte los hechos y la veracidad de los testimonios aportados por la acusación, pero objetaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y su aplicabilidad en 1972.
Ante la fuerza irrefutable de las pruebas reunidas, las defensas de los acusados se apartaron, explícitamente o de hecho, de la desacreditada versión oficial dada en 1972 por la dictadura y la Armada sobre un supuesto nuevo intento de fuga y tiroteo entre prisioneros y marinos.
La secuencia de hechos que derivó en los fusilamientos comenzó el 15 de agosto de 1972, cuando presos políticos pertenecientes a las organizaciones guerrilleras FAR, ERP y Montoneros se fugaron de la cárcel de Rawson, en Chubut.
Sólo seis de los evadidos pudieron llegar a tiempo al viejo aeropuerto de Trelew para completar la huida en avión a Chile, según lo habían planeado: Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna.
Otros 19 presos fugados del penal, cercados en el aeropuerto por militares, pactaron -en presencia de un juez y periodistas- su rendición con garantías, que no se cumplieron, y una semana después fueron fusilados en la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
Según lo constató ya el acta de elevación a juicio, el 22 a la madrugada, “aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido, de apellido Herrera, “se presentaron en el lugar de detención”, el área de calabozos que se hallaba en el edificio de acceso a la base Zar y donde en ese momento hacía guardia Marandino.
Los marinos ordenaron “a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”, instantes antes de abrir fuego contra los 19 prisioneros.
Como consecuencia de la lluvia de disparos o rematados con “tiros de gracia” fallecieron ese día Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron y relataron la masacre, pero después fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.
La Fiscalía y las querellas de familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalaron que la orden de fusilamiento partió del dictador Lanusse y fue trasmitida por el acusado de autoría mediata de los homicidios, Paccagnini, que era jefe de la base Zar y la Fuerzas aeronaval de Trelew, a los autores materiales, sus subordinados.
El día de la masacre llegó a la base Zar el designado juez militar ad hoc Bautista, instructor del sumario luego “desaparecido”, acusado en el juicio de encubridor.
Desde el día de la fuga, la región había sido declarada Zona de Emergencia, lo que implicó represión, bloqueo informativo, la imposibilidad de actuar para los abogados de los detenidos políticos y el aislamiento total de los 19 prisioneros en la base Zar.
El mismo 22 de agosto, una bomba destruyó la sede de la Asociación Gremial de Abogados en Buenos Aires y el 24, la sede central del Partido Justicialista, donde eran velados los restos de algunos de los fusilados, fue tomada por asalto en un operativo que encabezó el comisario Alberto Villar, después uno de las jefes de la siniestra Triple A.
Pero en todo el país, también en Chubut, pese al terror dictatorial, cobraban fuerza la indignación y la lucha contra la impunidad de los responsables intelectuales y materiales de la Masacre de Trelew, una demanda que lleva algo más de 40 años.
