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La sentencia, de 3 años y 8 meses, es motivada por el incendio y destrozos a un local partidario del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, en 2007, en una marcha de distintas agrupaciones políticas y organizaciones sociales, en la ciudad de Buenos Aires, por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba producido durante la cruenta represión a una manifestación docente en Arroyito, Neuquén.
Cabe destacar que por este último hecho solo se sentenció al cabo Poblete, que días pasados fue visto, violando su prisión, paseando en soledad tranquilamente, por las calles de la ciudad de Zapala, Neuquén.
La causa Fuentealba II, en la que se acusa al ex gobernador y luego candidato a presidente Jorge Sobisch, no prosperó nunca y actualmente se realizó una presentación, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Sandra Rodríguez la viuda y madre de las dos hijas pequeñas del docente.
Recordemos que luego del asesinato, Sobisch defendió públicamente el accionar de los miembros de las fuerzas de seguridad, y esta causa es para demostrar que monitoreaba y dirigía todo lo que se hacía durante la represión.
Pero en la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 realizada en el año 2010 no se juzga a nuestro docente por el incendio y roturas del local, ya que Fernando Esteche no participó de los hechos que se denunciaban. Además fue encarcelado durante seis meses mientras era procesado, porque los jueces aducían peligro de fuga, fue puesto en libertad luego de una huelga de hambre de 45 días y de perder el 25% de su masa muscular, en donde según los médicos estuvo en grave riesgo su vida. Sus abogados defensores, en todas las instancias, denunciaron la aplicación sobre su persona de lo que se denomina “derecho penal de autor” y “derecho penal del enemigo”.
En realidad Se lo acusó por lo que es, un militante popular, un dirigente político, sin atribuírsele participación en los hechos, pero por ser jefe político de la organización Quebracho.
Por todo esto acompañamos el reclamo de nuestro docente y solicitamos a las autoridades judiciales el desprocesamiento de los luchadores populares y que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
