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El tribunal que juzga al detenido titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el crimen de Mariano Ferreyra rechazó hoy someter a una pericia psiquiátrica al testigo Alfonso Severo, quien denunció haber sido secuestrado por 24 horas, y anunció que intentará convocarlo a declarar entre martes y jueves de la próxima semana.
En tanto, otro trabajador complicó hoy la situación de los acusados al detallar cómo operaba el gremio y su oposición al ingreso de tercerizados a la planta permanente.
Al inicio de la audiencia de hoy, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 rechazó un planteo del abogado Alejandro Freeland para someter a Severo a una pericia psiquiátrica y resolvió convocarlo a declarar primero y, en todo caso, dejar abierto a juicio del letrado defensor un pedido posterior para ese estudio.
Según anticipó sin dar mayores precisiones el presidente del Tribunal, Horacio Díaz, se intentará escuchar a Severo martes o jueves de la próxima semana en los tribunales federales de Retiro.
En la instrucción del caso, Severo habló de armas guardadas en galpones de los ferrocarriles por parte de la Unión Ferroviaria, entre otros aspectos que complicarían a los acusados.
Por otra parte, hoy declaró Jorge Hospital, un miembro de la lista Gris de la Unión Ferroviaria, opuesta a la Verde de Pedraza, y aseguró que un compañero de trabajo le contó que uno de los
detenidos, Gabriel «Payaso» Sánchez lo apuntó con un arma de fuego un día en la sala de guardas cuando «jugaban al metegol».
«Me dijeron que hacían ostentación de armas en Constitución y más de una vez y un compañero me refirió que a él le apuntó Sánchez con un arma de fuego en forma risueña cuando jubaban al metegol en una sala de guardas y extrajo un arma como chanza», recordó.
Además como ya hicieron otros testigos, dijo que la Unión Ferroviaria funcionaba como una «oficina de personal» desde la llegada de UGOFE al ferrocarril y que tanto los nuevos ingresos
como ascensos y cambios de turno debían negociarse con el gremio y no con directivos de la empresa.
También dijo que la UF se oponía al pase a planta permanente de los tercerizados porque decían que si se ocupaban los lugares disponibles no podrían entrar luego sus hijos a ocupar esos puestos, como era una tradición en el ferrocarril.
«Pedraza maneja el gremio con autoridad ejercida a través de Juan Carlos Fernández del Roca y este a través de delegados como Pablo Diaz», explicó sobre tres de los detenidos por el asesinato
del militante del PO el 20 de octubre de 2010.
Precisó que en el gremio desde 2000 «jamás hubo asambleas», sólo reuniones informativas y que los mecanismos «democráticos tradicionales eran inexistentes en la Unión Ferroviaria».
Hospital dijo además que desde que UGOFE se hizo cargo de las líneas del ferrocarril incorporó «más de 15 empresas tercerizadas de inmediato».
Ante esto el defensor Freeland intentó mostrarle lo que según él era más de una decena de notas de la UF entregadas al Ministerio de Trabajo en reclamo de la efectivización de los tercerizados
desde el 2006, pero el Tribunal rechazó la pretensión con el argumento de que esa prueba será motivo de análisis de los jueces al momento del veredicto.
Hospital vio fotos del día de la agresión a los tercerizados del Roca y reconoció caminando por las vías de la estación Avellaneda, antes de los incidentes, a varios de los ahora detenidos y juzgados y a un jerárquico de la UGOFE, jefe del departamento de Transporte del Roca, Héctor Hourcade.
A continuación declaró Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria, ex integrante de la comisión de Reclamos del Roca y anteriormente, en el 2007, boletera de esa línea de trenes.
La mujer estaba junto a Pedraza y Fernández en un congreso llamado «Latin Rieles» en la sede de la UF el 20 de ocutbre de 2010, en un evento al que también asistió el entonces secretario de
Transportes de la Nación Juan Pablo Schiavi y que transcurrió en simultáneo con el ataque.
La testigo admitió que recibió llamados a su celular por parte de delegados que estaban en el lugar como por ejemplo González, uno de los detenidos acusado de haber amenazado a periodistas que cubrían la nota.
«Tenía llamadas perdidas, una de Daniel González, que era delegado», dijo al Tribunal.
