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El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, ratificó que no habrá ninguna «disminución salarial» en Prefectura y Gendarmería, y que habrá aumentos, pero que “es imposible hablar de 7 mil pesos”, como reclaman los efectivos que protestan en Puerto Madero.
“En ninguna área del sector público se pagan básicos de esa naturaleza e incluso dudo que eso ocurra en el sector privado», señaló el funcionario ante la pregunta de los periodistas durante una conferencia de prensa.
El decreto 1307, sancionado la semana pasada, hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber y se subsanarán «graves irregularidades» en las liquidaciones que redundarán en un aumento «sustancial» de sueldos de prefectos y gendarmes, según preció el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Sobre las irregularidades, los funcionarios hablaron de «un enorme festival de prácticas judiciales en las que algunos jueces y estudios legales realizaron una enorme rueda jurídica para perjudicar al Estado, con la connivencia de algunos miembros de las fuerzas».
Este sistema de “judicialización” de haberes entró en vigencia “en el año 1993 durante la presidencia de Carlos Menem”.
Abal Medina y Lorenzino indicaron que tras la aplicación del decreto 1307, “nadie” en la Prefectura y la Gendarmería cobrará un salario inferior al de agosto pasado, a excepto de aquellos que cobraban cifras “exorbitantes” como consecuencia de medidas judiciales.
Incluso, la mayoría percibirá salarios más altos porque se habrán eliminado descuentos a fundaciones y otros organismos -se detectaron hasta 400 de esas entidades beneficiadas con esos recortes- que se les aplicaban, en tanto la totalidad de los salarios se harán remunerativos.
Hasta ahora, explico Lorenzino, en algunos casos sólo el 22 por ciento de los haberes estaba en blanco y el resto eran “suplementos no remunerativos”, algo que describió como “un desquicio administrativo».
Se constataron graves desigualdades en salarios que iban desde cifras de hasta cien mil pesos por mes a casos en que el personal quedaba debiendo dinero al Estado. En muchos casos, “quienes cumplían órdenes cobraban más que quienes se las daban”, lo que generaba “una distorsión absoluta inclusive en términos jerárquicos”.
Esa situación se debió, por un lado, a “la industria del juicio” que se verificó con gran cantidad de causas judiciales para reajustes de haberes en los que se comprobó “connivencia entre abogados y miembros de las fuerzas”, lo que llevó a la “cautelarización de la gran mayoría de los sueldos” del personal de esas fuerzas, graficó Lorenzino,
«Vamos a terminar con la connivencia, con este desquicio administrativo absoluto que tiene la lógica de connivencia entre algunos abogados, algunos jueces y algunos elementos de las fuerzas», sentenció el ministro.
Según Abal Medina, «la situación no sólo confirma las sospechas que teníamos, sino que la información que tenemos agrava la situación. Porque los problemas no sólo tienen que ver con esta última liquidación, sino que se encontró que las modalidades de pago que venían implementándose eran anárquicas y bordeaban lo delictual”.
La denuncia
El Ministerio de Seguridad denunció hoy ante la justicia federal a las ex cúpulas de Gendarmeria y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos.
La presentación apunta a un conjunto de maniobras que habrían realizado los jefes junto a estudios de abogados y jueces que tramitaron pedidos de amparo por sueldos mal liquidados, de modo que las escalas salariales quedaron sustancialmente alteradas y fuera del control del gobierno, que los debe presupuestar y liquidar.
Durante la conferencia brindada esta tarde, Abal Medina y Lorenzino indicaron que la denuncia «alcanza a altos y medios mandos de las fuerzas» con la participación de estudios de abogados.
La denuncia fue hecha por la Secretaría de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, y recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Georgi, quien ya dio vistas al fiscal Guillermo Marijuan.
