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A veinte días del informe de la comisión especial del Senado bonaerense, que reveló graves irregularidades en la causa y determinó la conexión narco-policial del crimen de Candela Sol Rodríguez, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, enfrenta un segundo pedido de juicio político.
El primero fue presentado días atrás por el titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello. Ahora se sumó el abogado Marcelo Mazzeo, defensor de Gladys Cabrera, dueña de la casa de la calle Kiernan al 900, de Villa Tesei, donde la policía dijo que estuvo secuestrada Candela.
Mazzeo explicó a esta agencia que “el pedido de juicio político a Casal es por mal desempeño en sus funciones, falta de cumplimiento a los deberes a su cargo, y posible comisión de delito de acción pública».
«Lo presenté en la Cámara de Diputados y ahora tendrán que hacer una evaluación sobre los elementos que aporto y derivarlo al Senado, porque es la cámara que actúa como acusadora”, precisó.
El letrado consideró que luego del informe Candela, “si Ricardo Casal hubiese tenido un poco de ética y autocrítica debería haber renunciado, atento a las conclusiones a las que ha llegado la comisión especial del Senado”.
Sin embargo, “el ministro solamente se preocupó por salir bien en los medios y no cubrir el caso de Candela”, sostuvo Mazzeo.
Según, el abogado, Casal “tiene conocimiento de todo lo que hace la Policía Bonaerense, y no sólo en esta causa, sino en todas las causas emblemáticas que rozan los intereses de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires”.
“El ministro no puede hacerse el tonto y decir que desconoce que la Policía tiene vínculos con el narcotráfico, que tiene el monopolio de la mafia y maneja la caja recaudadora de dinero ilícito más grande de Argentina. Casal no puede hacerse el tonto y decir que desconoce que se desvió la investigación por el secuestro y asesinato de Candela, cuando él estuvo presente en todo momento en la búsqueda y en la investigación recibiendo alguna información que volcó a la causa y otra no”, denunció.
Para el defensor de Cabrera, hubo un manejo de la información orientado “a mostrarle a la sociedad que estaban haciendo un buen trabajo, en vez de descubrir quién verdaderamente había matado a Candela. Creo que Casal tiene la responsabilidad política ineludible y tiene que ser investigado por eso”.
También apuntó contra el gobernador Daniel Scioli por su silencio frente al Informe Candela y por el gesto político que le concedió al jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, cuando el Senado había recomendado separarlo y exonerarlo de la fuerza.
“Scioli no puede al día siguiente salir en una foto Matzkin al día siguiente del Informe Candela, es una torpeza que no puede tener un gobernador”, opinó Mazzeo al considerar que el mandatario bonaerense “está muy mal asesorado, recibe información que no le hace bien”.
Mazzeo afirmó que el Informe Candela fue “durísimo” y agregó que “está en los distintos estamentos del Estado ejercer las acciones correspondientes, como hizo el presidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari que ahora está revisando las denuncias y los pedidos de juicio político contra el juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade”.
Meade fue separado de la causa Candela junto al fiscal Marcelo Tavolaro. La comisión especial del Senado no sólo recomendó un jury contra Meade y Tavolaro, sino también contra el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, aunque en estos casos deberá resolver la procuradora general María del Carmen Falbo, quien hasta el momento evitó pronunciarse sobre el tema.
