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La toma en la Dirección General de Cultura y Educación llegó a su punto de máxima tensión en la noche de este jueves, cuando la Policía Bonaerense cortó las calles que rodean la sede de la cartera, ubicada sobre 13 entre 56 y 57, y un grupo de efectivos de Infantería ingresó por el estacionamiento del edificio.
Al enterarse de los movimientos de los uniformados, cientos de personas se acercaron al lugar para respaldar el reclamo de los trabajadores que se encontraban en el hall del edificio y que desde el martes dispusieron medidas de fuerza para exigir que la ministra Nora de Lucía dé marcha atrás con el recorte de viáticos y horas extras.
La policía le informó a los gremios que se hicieron presentes por una medida judicial que dictó el juez Juan Pablo Masi para “mantener el edificio abierto a todo aquel trabajador que quiera ingresar a cumplir con sus labores” y como forma de “prevención”, aunque negaron cualquier orden de desalojo.
Según contó a AgePeBA el abogado de SOEME, Pablo Cuomo, los oficiales a cargo “nos prometieron que no tiene ninguna medida judicial para desalojar y que están sólo por prevención”.
No obstante, esta agencia pudo comprobar que los uniformados que ingresaron a la cartera educativa golpeaban las puertas y en varias oportunidades intentaron provocar a los trabajadores.
Además, en las inmediaciones se desplegaron cinco patrulleros, cuatro camiones de Infantería y dos unidades de Bomberos. Entre los policías que estaban en la calle y los que lograron ingresar al edificio, sumaban un total de 100 efectivos.
«Estamos en presencia de una ecuación que tiende a ser un ajuste seguido de una represión», dijo el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, a AgePeBA.
De Isasi advirtió que «vamos a hacer responsable al gobernador Daniel Scioli y a la ministra Nora de Lucía por cualquier maniobra, provocación o represión que se haga contra los trabajadores de la Dirección General de Escuelas durante la madrugada”.
El gremialista precisó, además, que ATE presentó ante la Justicia “un recurso preventivo para que en caso de que haya represión se haga cargo al Gobierno provincial en términos políticos y legales».
Más allá de la fuerte presencia policial, los trabajadores decidieron esta noche en asamblea mantener la ocupación pacífica y seguir exigiendo que no se les disminuyan las retribuciones salariales.
La decisión de enviar a la Infantería se registró luego de las denuncias de la ministra De Lucía y el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sobre “agresiones” y “amenazas” de un grupo de trabajadores “violentos” contra funcionarios de Educación.
Sin embargo, desde ATE desmintieron las acusaciones y recordaron que “los 2 mil compañeros que estuvieron en las asambleas de estas semana no son grupos violentos, son trabajadores que ven peligrar sus salarios”.
