“No debemos olvidar el rol de la Iglesia Católica en el plan de exterminio de la dictadura”

Legisladores, docentes universitarios, organismos de derechos humanos, entre otros sectores, participaron hoy de la audiencia pública que se realizó en el en la Facultad de Derecho y en el Rectorado de la UNLP para debatir sobre los proyectos de reforma de los Códigos Civil y Comercial. La Comisión Provincia por la Memoria destacó “la importancia de que se lleve adelante esta reforma y actualización del Código Civil y Comercial” y propuso algunas modificaciones al anteproyecto de ley referidas a la Iglesia Católica, los pueblos originarios y el trabajo. Con respecto a la institución religiosa, la CPM cuestionó que el anteproyecto mantenga a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública. “Mantener a la Iglesia católica como si fuera una institución estatal consolida viejos paradigmas, niega una sociedad pluralista y diversa e impide consolidar la ciudadanía religiosa y la democracia”, aseguraron. El co-presidente del organismo de derechos humanos, Hugo Cañón, fundamentó durante la audiencia que “no debemos olvidar el rol de la jerarquía de la Iglesia Católica en el plan de exterminio de la dictadura, que promovieron, avalaron y encubrieron. Desde el golpe del »30, la cruz y la espada se aliaron para instaurar la Nación Católica”. “Si se aprueba este texto, el nuevo código civil le daría un fuerte aval a la iglesia católica y también de otras rémoras como, el sueldo asignado a los obispos, a los integrantes de las curias, que tienen una asignación de un juez de primera instancia. En esta Argentina que pretende ser igualitaria, integrada, con más derechos para todos y todas, no tiene que existir ningún sector que se crea superior al resto de la sociedad. Si pretendemos una sociedad democrática no es posible colocar como persona pública a una institución religiosa que es de incumbencia privada», afirmó. Sobre los aspectos vinculados a los derechos de los pueblos originarios, la CPM sostuvo que debería reformularse o tenerse en cuenta “la falta de consulta previa, la no concepción del significado territorio, el carácter de persona jurídica del derecho privado, su reducción al territorio rural y el aprovechamiento de los recursos naturales”. Por último, señalaron que el anteproyecto de reforma modifica diferentes aspectos vinculados al derecho laboral que ocasionaría un retroceso de los derechos de los trabajadores. Entre ellos, enumeraron que “el proyecto omite considerar el principio protectorio vigente en el derecho laboral”, “se elimina la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios, lo que había sido propuesto originariamente por la Comisión redactora” y que “la modificación del artículo 1764 que dispone la inaplicabilidad del sistema de responsabilidad civil al Estado, implica eximirlo de reparar los daños ocasionados”.