AgePeBA dialogó con dos de sus miembros, Roberto Cipriano y Alejandro Mosquera, quienes manifestaron la “preocupación” ante el silencio del Ejecutivo.
En este sentido, el director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, sostuvo que las señales que hasta el momento dio el gobernador Daniel Scioli sobre el tema fueron de “apoyo a los funcionarios seriamente cuestionados por el informe”. Y señaló que “estos gestos, como el de mostrarse junto al jefe de la Policía Bonaerense inmediatamente después de la entrega del informe, son preocupantes”.
Por su parte, el secretario Ejecutivo del organismo, Alejandro Mosquera fue contundente al referirse a la actitud del Gobernador: “lo peor no es el apoyo individual sino el respaldo a una política de seguridad que quedó demostrado que está equivocada”, destacó.
En el día de ayer, y en coincidencia con lo resuelto por el titular de la Suprema Corte de Justicia quien ordenó investigar el accionar del juez de Garantías Alfredo Meade a partir de lo denunciado en el informe, la CPM emitió un documento que ya fue entregado al Poder Legislativo que consta en un análisis y propuestas sobre las conclusiones a las que arribaron los Senadores. El mismo señala que “las conclusiones de la comisión del Senado nos permite reforzar nuestra convicción de que la corrupción y desprofesionalización policial-judicial, sumada a las políticas efectistas y erráticas adoptadas ante las demandas sociales, no sólo han profundizado la violencia institucional hacia los sectores pobres sino que también han frustrado la posibilidad de acceder a una investigación seria de quienes resultan víctimas del delito”.
En este sentido, el secretario Ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera, sostuvo en diálogo con esta agencia que el Informe final de la Comisión especial del senado que investigó las irregularidades del Caso Candela, “plantea una estrategia adecuada para poder demostrar los problemas estructurales que hay en este tipo de casos complejos”.
También destacó la importancia de los consensos alcanzados por los senadores al señalar que “el resultado es muy importante porque fue votada por el Frente para la Victoria, el Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica, fuerzas muy diferentes que confluyen en un resultado común y en un tema clave en la provincia de Buenos Aires”.
Asimismo, destacó los puntos centrales de análisis que arrojó el informe y apuntó que no sólo “develó que la actuación policial pretendió desviar la causa del sentido principal, es decir del narcotráfico y las vinculaciones a la corrupción policial, ligados al territorio de San Martín”, sino que también “planteó la complicidad de la justicia para mantener este relato”.
“El tercer elemento importante del informe –continuó Mosquera- es que demuestra la ineficacia del sistema de persecución penal que tenemos, el ineficiente e irregular desenvolvimiento de los peritos, por ejemplo en el levantamiento de pruebas”, y explicó: “la escena fue intoxicada e infectada por dirigentes políticos, periodistas, funcionarios y policías que estaban más preocupados por tratar de forzar una imagen mediática que en el resultado de la causa”.
Y concluyó: “la Comisión Candela, no solo examinó el caso en particular con toda la responsabilidad que eso implica, sino que también develó los problemas estructurales que hay en esta materia la provincia de Buenos Aires”.
Al respecto, remarcó que la CPM “pone el acento en las propuestas y en los cambios estructurales que la investigación demostró que se necesitan”. En ese sentido, Mosquera alega que son fundamentales la creación de una Policía Judicial, modificaciones en la selección de magistrados y que haya una autonomía en la defensa pública, todos proyectos que están siendo tratados en el Senado bonaerense con la intención de lograr su aprobación antes que concluya el año legislativo.
Sobre las responsabilidades que le competen al gobierno de Daniel Scioli, el secretario de la CPM, fue enfático al sostener que “las recomendaciones del informe deberían hacer que el Poder Ejecutivo no mire para otro lado y que la Procuración General, así como hizo la Corte, tome nota para dar testimonio de lo que ocurrió en la justicia y para mejorar el sistema judicial bonaerense”, aseveró.
Por esa razón explicó que “a las demandas sociales sobre inseguridad no hay que anotarlas solo ligadas a la mano dura o a la tolerancia cero, sino a estas trasformaciones. El Gobernador se equivoca, porque es su legislatura que está diciendo que es urgente trasformar esta situación. Hay un error grueso que de alguna manera hay que subsanar porque lo que está en juego es la institucionalidad”, aseguró Mosquera.
“El armado de causas, como en este caso, demuestra dos cosas, una es la arbitrariedad policial y otra es la ineficacia judicial, porque si hay armado de causas, hay una negación de justicia y de investigación en serio sobre los delitos, con lo cual, este problema es clave. Centralmente hay que cambiar la estructura de la policía bonaerense y crear la Policía Judicial para cortar de una vez por todas con el armado de causas en la provincia de Buenos Aires”, concluyó.
Texto completo de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el Informe Candela:
http://www.comisionporlamemoria.org/show_news.php?id=420
Informe completo de la Comisión Candela:
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