En su discurso, el jefe de Gabinete fustigó a Repsol, a la que calificó como «una empresa que invertía en maravillosas campañas publicitarias, invertía menos, exploraba menos, pero ganaba más plata». En el mismo sentido, criticó la actuación de los medios de comunicación durante los años de privatización y posteriormente cuando se diera a conocer el proyecto de recuperación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF por parte del Estado argentino. «Ya no se conforman con sacar de contexto, inventan», subrayó Abal Medina, quien además destacó la pronta aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, visto que el 7 de diciembre próximo dejarán de tener vigencia los recursos presentados por el Grupo Clarín. Es por ello que Abal Medina destacó el valor del documento presentado y consideró que su difusión «abre un nuevo capítulo en información pública en Argentina». «Este gobierno ha sido un firme defensor de la información pública», puntualizó al recordar la publicación del informe Rattenbach sobre la guerra de Malvinas y sostuvo que «no hay espacio para secretos». A su entender, este tipo de informes sirven para que todos «los ciudadanos y ciudadanas puedan controlar las políticas públicas de gobierno» y subrayó que la información aportada confirma «que nada se hace improvisadamente». «Cuanto más útil es esta información que el pasado de algún familiar», agregó en referencia a artículos periodísticos que habían cargado contra el viceministro de Economía, Axel Kicillof, por la condición religiosa de su familia. Por su parte el profesor titular de la Cátedra de Derecho a la Información de de Ciencias de la Comunicación de la UBA sostuvo que «el derecho a la información forma parte de otros derechos, como el derecho del niño, los derechos médicos y los derechos de los inmigrantes». «El acceso a la información siempre estuvo relacionado al control de las cuentas públicas, pero también está relacionado con los derechos humanos, porque tiene que servir para temas de relevancia pública», dijo el abogado. En ese sentido, Loreti destacó la Ley 26.134 porque «obliga a la publicación de las leyes secretas y prohíbe otras del mismo grado, que tenían como objetivo maniobras económicas». El abogado especialista en información pública, Damián Loreti, resaltó hoy que la difusión pública del Informe Mosconi sobre la gestión de Repsol en YPF «quedará en la historia», finalizó.