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El domingo por la tarde, un grupo de chicos alojados en el Almafuerte comenzaron una protesta en reclamo de más horas de esparcimiento. Era domingo y los chicos exigían que se los deje un rato más antes de volver a “las jaulas”, tal como los llaman a las celdas donde pernoctan. Este hecho produjo una discusión entre el personal de “patio” y los menores que terminó con una brutal represión que incluyó golpes con palos y matafuegos por parte de los guardias y el confinamiento de un grupo de cuatro chicos en celdas de aislamiento privados de colchones y asistencia médica.
Ante la denuncia radicada por el defensor penal juvenil, Julián Axat, la jueza de menores Inés Siro, constató en el lugar los politraumatismos de los chicos y escuchó las denuncias e inspeccionó los “buzones” de castigo donde constató la falta de colchones y las deficientes condiciones de encierro.
En diálogo con esta agencia, el senador Santiago Carreras, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, adelantó a esta agencia que hoy por la tarde integrantes de esta comisión mantendrán una reunión con los denunciantes y los defensores penales para recabar información de los hechos y activar así los mecanismos institucionales que le competen al poder legislativo.
Al momento del hecho, desde la Secretaría confirmaron que no se encontraban las autoridades del Instituto, Juan Serrano y Martín Mayo y que se encontraban en el lugar 17 asistentes al cuidado de los 32 menores que hoy aloja ese instituto de máxima seguridad.
Lamentablemente, el Almafuerte guarda un historial oscuro de violencia institucional. Denuncias de torturas, vulneración de los derechos básicos, intervenciones y pedidos de cierre, han sido moneda corriente de un establecimiento que aún guarda los peores resabios del sistema de Patronato.
A principios de este año, a partir de un hábeas corpus presentado por el defensor oficial del Fuero Penal de Menores, Ricardo Berenguer, la jueza de menores Blanca Lasca ordenó la prohibición de ingreso de nuevos jóvenes al instituto cerrado y una multa al responsable del área, Pablo Navarro, hasta tanto no se revierta la situación, al constatar que los chicos pasaban la mayoría del tiempo encerrados en pequeñas celdas individuales y con escasas actividades educativas, deportivas y de recreación. También se les aplicaban sanciones y no podían ejercer su derecho a defensa ni comunicarse en tiempo y forma con su defensor a cargo para hacer su descargo.
Tras esta disposición judicial, se adoptaron medidas tendientes a brindar mayores espacios recreativos y flexibilización del sistema. Sin embargo, las prácticas de violencia institucional continúan.
