El gobierno de Cambiemos ostentó una nueva represión brutal en La Plata y así vuelve a demostrar que cuando no puede callar a la multitud, intenta hostigarla con el terror de las fuerzas de seguridad. Mientras que la administración provincial quiere vaciar al Astillero Río Santiago, sus trabajadores y los principales gerentes denuncian que las actividades se detuvieron en la empresa por decisión política del gobierno de Mauricio Macri – Vidal, que pone en alerta a la industria naval más grande del país. A su vez, esta semana los docentes siguen con sus luchas salariales y en reclamo de mayor inversión en Educación. Por falta de atención ya superan las 700 instituciones sin clases en este segundo semestre. El saqueo en la provincia tiene nombre y apellido y aunque tenga una protección extrema por parte de los medios nacionales concentrados, Vidal redobla la apuesta y admite que en los próximos meses su territorio sufrirá un brutal ajuste acorde al nacional.
Por Carlos López / Las decisiones políticas de la gobernadora María Eugenia Vidal son la máxima expresión en la provincia de Buenos Aires de la tiranía con la que gobierna Cambiemos en cada territorio que comanda. A pesar de que en los municipios los intendentes ya no saben que inventar para contrarrestar la falta de trabajo y el freno abrupto que sufre el consumo en los comercios, Vidal está dispuesta a recortar otros 25 mil millones de pesos en la provincia, como parte del cumplimiento al que debe llegar la Argentina para no superar la meta del 1,3% de déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional, obviamente mediante la presión del presidente Mauricio Macri y según el supuesto ajuste de 300 mil millones de pesos que calcula aplicar a nivel nacional el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Lo peor de esta situación es que los medios de comunicación que tanto protegen la figura de la gobernadora para contar con la pauta oficial al día, argumentan que la provincia de Buenos Aires haría “el esfuerzo” de aplicar un nuevo ajuste en los próximos meses, cuando en realidad los únicos que harán el tan pedido esfuerzo serán los ciudadanos que volverán a verse limitados para llegar a fin de mes y progresar económicamente.
¿Cómo se llevará a cabo el nuevo ajuste? Vidal planifica conseguir cuanto antes el traspaso del subsidio a las empresas eléctricas Edenor y Edesur, el recorte de la tarifa social de AySA y lo mismo con la mitad del subsidio al transporte. Esto no será más que una nueva carga para el bolsillo de los bonaerenses porque es sabido que ninguna empresa va a solventar los gastos, sino que automáticamente se trasladarán a los precios del consumidor final, los que abonan millones de ciudadanos, muchos de los que incluso votaron a este mismo gobierno.
Con la excusa del ajuste que pretende el FMI -pero que no sería posible sin la intención inicial del gobierno macrista- ahora Vidal promete que las cuentas de la provincia estarán saneadas para el 2023, cuando en su asunción prometió que era un desafío a terminar en 2020. De manera similar es como funcionan los anuncios sobre inflación, el dólar y otros índices que el gobierno anticipa cada año pero que pasados pocos meses debe actualizar porque no puede sostenerlos. Vidal prometió construir una provincia que nunca llegó y que tampoco lo hará, porque su gobierno se basa en políticas muy lejanas a las grandes mayorías que sólo han conseguido más desempleo, más pobreza y un considerable crecimiento de la deuda pública.
La semana pasada el gobierno de Vidal volvió a destilar la crudeza con la que actúa Cambiemos contra los ciudadanos. El martes pasado en el centro de La Plata, agentes de la Policía Bonaerense reprimieron con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a los trabajadores del Astillero Río Santiago que vienen reclamando desde hace varias semanas la paralización de las actividades en la empresa ubicada en Ensenada. Los trabajadores salieron a las calles porque denuncian que tanto la gobernadora bonaerense como el titular del Astillero, Daniel Capdevila, «nos obligan a estar en las calles reclamando nuestras conquistas de 25 y 30 años”. Y la respuesta del gobierno provincial fue elocuente, represión ante un grito de intervención que piden los trabajadores atrapados en un conflicto que desde su concepción nació con un pedido expreso del presidente de la Nación: destruir al Astillero.
Desde el bloque de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana FpV-PJ que preside la legisladora Florencia Saintout, automáticamente se solidarizaron con los trabajadores del Astillero y expresaron en un comunicado que “hace mucho tiempo que no veíamos una represión con la virulencia de la llevada a cabo en La Plata por orden de la gobernadora Vidal. Es demencial responder de esta manera al temor de los trabajadores a perder su fuente laboral”, destacaron en un texto que se titula “El gobierno dialoga con palos, gases y balas”. A su vez, en el mismo escrito advirtieron que “el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal deberían escuchar a los sectores más perjudicados por el ajuste y buscar soluciones mediante el diálogo que predican, pero que en la práctica se traduce en palos, gases y balas contra los trabajadores”.
Es que la situación del Astillero Río Santiago no comenzó ahora. Los trabajadores vienen denunciando una política declarada para terminar con las actividades laborales en la empresa. En una entrevista brindada este fin de semana pasado al portal Infocielo, los gerentes de Producción de la empresa, Valenti y Omar Graziano, demostraron que lo que realmente ocurre en la empresa es una “disminución de beneficios laborales y la asfixia crediticia que afecta la producción” como consecuencia de la falta de decisiones políticas que generen trabajo en la base naval más grande del país. El gobierno no quiere continuar las obras en ejecución. Los ingenieros aseguraron que el buque Eva Perón está en un 97% terminado, pero se encuentra sin el cierre del proyecto por la suspensión de los 35 millones de pesos que debía entregar la provincia de Buenos Aires y otros 45 millones que llegarían al momento de entregarlo finalizado y preparado para su utilización.
De igual manera, los ingenieros se opusieron al discurso oficial del gobierno que sembró la duda sobre las calificaciones de los empleados, ya que destacaron que los más de 2.200 trabajadores que se destacan en la gerencia de Producción controlan “una gran capacidad metal mecánica, mecanizado de grandes piezas y una de las más grandes máquinas de mecanizado del mundo”, lo que permitió una serie de obras realizadas entre 2001 y 2009, período en el que se fabricaron cinco buques de 27 mil toneladas, para armadores alemanes; dos corbetas misilísticas para la Armada Argentina; un remolcador de 55 toneladas de tiro; la reparación de media vida de la Fragata Libertad, además de diseño y fabricación de portones y compuertas de acero para diques y represas.
Sin embargo, el Ministerio de Economía bonaerense no da respuestas de por qué paró la asistencia económica ya comprometida. Al gobierno de Vidal -y de Macri en primera instancia- no le interesa la producción nacional ni los puestos de trabajo de esas personas que son pilares de la industria local en los alrededores de la capital bonaerense. El Astillero nació en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón y es considerado una pieza clave en la lucha por la soberanía nacional, con una producción sin precedentes en materia naval para la Argentina. Allí se construyó la actual Fragata Libertad en 1962, luego de que en la década del ’50 alcanzara una alta producción con 8 mil trabajadores distribuidos en dos turnos para trabajos en calderas, talleres de herrería, mecánica, cobrería, electricidad, carpintería, velería y fundición.
Tal como ocurre hoy con Macri, en la década del ’90 el Astillero pasó uno de sus peores momentos cuando el gobierno menemista intentó privatizarlo, pero gracias al empuje de cientos de trabajadores finalmente la Provincia se hizo cargo de las instalaciones. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, la base naval volvió a su mayor actividad con nuevos trabajos que se iniciaron a partir de contratos internacionales firmados para la construcción de buques petroleros -demandó la contratación de 250 operarios más- y los buques nacionales Eva Perón y Juana Azurduy, hoy ambas embarcaciones sin finalizar por falta de inversiones provinciales.
Para el gobierno de Cambiemos el Astillero es un peso, una carga a eliminar con la supuesta excusa de no cumplir con los “estándares de productividad”, obviamente sin tener ni siquiera en cuenta qué pasará con los cientos de trabajadores que se desempeñaban hasta hace poco en la base naval. Vidal dejó su postura bien clara en una reciente entrevista televisa, donde respondió insólitamente que algunos trabajadores del Astillero Río Santiago, el mismo que ella pretende vaciar, “cobran tres veces más de lo que gano yo”.
La gobernadora no sólo no se hace cargo de la situación en la provincia de Buenos Aires, sino que además ataca a los trabajadores y encubre a otros responsables de su gestión. En relación a la crisis educativa que atraviesa la provincia, el titular de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación, Mateo Nicholson, presentó su renuncia esta semana, luego de ser protegido bastante tiempo por la Gobernación. Si bien esto era pedido por todos los gremios que mantienen activa la lucha salarial y el pedido de mejoras laborales, llegó un poco tarde ya que se hace efectiva dos meses después de querer tirar un presupuesto para arriba, según se pudo conocer en un polémico audio que dejo al funcionario expuesto sobre el armado de presupuestos sin ningún tipo de fundamento.
Por su parte, el ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny sigue en su cargo. Es por ello que la ex decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, ex concejala platense y actual presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en Diputados mantiene junto a su bloque que el ministro debe dejar el cargo por ser principal “responsable de las políticas llevadas adelante por el gobierno provincial en el área educativa” y que han producido que dos profesionales murieran en la explosión de la escuela de Moreno y que más de 700 escuelas no puedan comenzar las clases en el segundo semestre del corriente año producto de problemas edilicios, pérdidas de gas, inundaciones, paredes en mal estado y otros desperfectos que ponen en riesgo la vida de los docentes y alumnos. A su vez, el gobierno sigue negando mejorar la oferta salarial que reclaman los gremios docentes, perjudicados fuertemente por la inflación y la quita de porcentajes salariales a partir de las medidas de fuerza realizadas durante este año.
El jueves próximo el Frente Gremial Docente volverá a reunirse con el gobierno de Vidal, luego de que vencieran los 15 días de conciliación obligatoria. En esta oportunidad, los gremios insistirán una vez más por la reapertura de las paritarias, pero también llevarán la exigencia de reacondicionar las instituciones para poder comenzar las clases, algo que el ministro Sánchez Zinny niega con supuestas inversiones que realizó su gestión pero que no están a la vista con las cientos de escuelas que están en estado alarmante. La reunión tendrá un clima tenso luego de que la semana pasada el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata frenara la multa de 690 millones de pesos que el Ministerio de Trabajo provincial intentaba aplicar al Suteba por los paros del 30 y 31 de julio, ya que consideró que el monto aplicado pondría en riesgo el funcionamiento de la entidad sindical.
El equipo de Vidal también tendrá que rendir cuentas ante la justicia por la causa de aportantes truchos durante su campaña electoral. Una reciente auditoria interna de la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó las denuncias sobre los aportantes truchos de Cambiemos para la campaña legislativa de 2017 y por consiguiente fue elevada al juez federal Adolfo Ziulu. El informe de la entidad electoral comprobó la existencia de “más de un centenar” de aportantes que son beneficiarios de planes sociales, pero también halló aportes efectuados por empresas privadas y otras entidades prohibidas en la ley de financiamiento político, con lo cual ahora el juez federal avanzará en la toma de declaraciones a varios de los supuestos aportantes encontrados. Aunque Vidal sostenga que “sólo se trata de una denuncia del kirchnerismo” y aunque los medios que la protegen lo quieran ocultar, esta semana avanzarán las indagatorias en los tribunales de Capital Federal, Morón, San Isidro y Mar del Plata.
